viernes, 6 de febrero de 2009

DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN NICARAGUA - ALGO MALO ESTA PASANDO



Refiriéndose a este mismo tema la Dra. Myrna Cunningham Kain en su ponencia “Las Mujeres Indígenas en el Derecho Internacional” en el Foro internacional de mujeres indígenas citando el documento “Pueblos Indígenas y Pobreza” afirma "que hablar de pueblos indígenas en América Latina, es hablar de pobreza" (1. Psacharoupulos y Patrinos, Pueblos indígenas y pobreza, 1997.) y tienen toda la razón; las cifras hablan por sí sola:

Aproximadamente el 10 % de la población nicaragüense es de origen no mestizo;

Según censo referenciado por el Movimiento Indígena de Nicaragua de cada uno de los pueblos, existen 388 mil indígenas en el Pacífico centro y Norte del país, de los cuales 221 mil son chorotegas, 49 sutiabas, 20 mil nahoas y 98 mil matagalpas.

Sumado a las comunidades indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe, dan un total de 597 mil.

Esta es casualmente la población más pobre de Nicaragua la que reúne el más alto índice de mortalidad infantil y de mujeres, más del 50% de analfabetismo y desempleo. Poco desarrollo en infraestructura vial y de servicios sociales en los territorios que habitan.

A pesar de que Nicaragua suscribió la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial desde 1978 en el año 1995 el Gobierno de Nicaragua afirmó ante Comité en Contra de la Discriminación Racial, adscrito a la ONU, que solo existían indígenas únicamente en el Caribe; discriminando de esta manera el reconocimiento de estos pueblos que han resistido en silencio los embates del integracionismo.

Este mismo Comité en una Resolución reciente pide al Estado de Nicaragua el reconocimiento de dichos grupos étnicos y lo exhorta a que “acelere el proceso de adopción de la Ley General de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, así como la creación de una Procuraduría Especial para los Pueblos Indígenas de esta región”

Importante es señalar este evento por que a pesar que la Constitución Política de 1987 y sus posteriores reformas en 1995 y 2000 señala claramente como Principio Fundamental de la Nación Nicaragüense el pluralismo político y étnico en términos reales el Estado ha asumido con sesgo este mandato constitucional; producto de su enfoque monoétnico ladino heredado desde la independencia; esta resolución hace un llamado imperativo a abandonar definitivamente la concepción de la Nicaragua mestiza pinolera y asumir la pluriculturalidad y multilinguismo en sus políticas públicas y en la organización y funcionamiento de sus órganos.

En nuestra Costa Caribe; si bien es cierto que se apunta como un logro la Autonomía en las Regiones Autónomas de Nicaragua; a 20 años de haberse aprobado la Ley 28 en las comunidades se percibe todavía como una aspiración; hay todavía exclusión y discriminación de mujeres, jóvenes y niños por razones de lengua, etnia y sexo, incluso a nivel interétnico.

Las Regiones Autónomas son las más pobres del país: se dan cifras que ponen en evidencia la falta de un política coherente estatal para potenciar su desarrollo integral a saber: El índice de desarrollo humano es el más bajo del país con un 0.5 % , desempleo en un 90% , más del 50% de analfabetismo con menos del 1% de las escuelas del país. La RAAN por ejemplo no tiene un solo kilómetro de carretera pavimentada. Solo el 20% de la población tiene acceso a un servicio deficiente de agua potable. Apenas el 7% de la población tiene acceso a algún servicio telefónico. Sumado a esto la carestía de la vida anda muy por encima de la media nacional y costo del transporte es un lujo para todos. Estas son solo algunas cifras para enfocar la gravedad del problema.

Tenemos grandes potencialidades en Recursos Naturales pero estos solo han sido aprovechados por empresarios y colones rapaces que han actuado en contubernio con funcionarios vinculados al poder; incluso, por qué no decirlo, por malos hijos, pseudo líderes de las comunidades.

Probablemente no ayuda el Modelo de Gestión Estatal que tenemos: agotado entre otras cosas por una organización y funcionamiento burocrático que no se ajusta a la pluralidad social y étnica ni a la organización y funcionamiento de las comunidades de acuerdo a sus tradiciones y costumbres; un sistema electoral viciado que potencia a los partidos políticos nacionales en detrimento de las organizaciones políticas regionales, indígenas y comunitarias. De ahí el sentimiento de abandono y desolación que se percibe en los barrios y comunidades.

Todo esto dificulta y en el peor de los casos impide el desarrollo de un proceso autonómico profundo en el que los principales actores sean los pueblos indígenas y comunidades desde sus propios territorios ocupados tradicionalmente.


Fernando Saavedra A.
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